El crecimiento del turismo está descontrolado en todo el mundo y no parece que vaya a decrecer durante los próximos años o décadas. Si hacemos caso de las previsiones de la Organización Mundial del Turismo, precisamente, a finales de la década actual superaremos los 1.800 millones de turistas internacionales, que serán 2.000 el año 2035.
Los factores que confluyen para hacerlo posible son múltiples, y podemos destacar algunos: el aumento del nivel adquisitivo de millones de habitantes de países con economías emergentes, sobre todo asiáticos, que se suman en calidad de turistas a los ciudadanos occidentales, hasta ahora los únicos que viajaban al extranjero por ocio; el efecto multiplicador de las redes sociales y sus tendencias, auténticas modas que impactan rápidamente sobre las ciudades y los territorios más codiciados; el crecimiento exponencial de la oferta de alojamiento gracias a las plataformas digitales, como Booking o Airbnb; los precios bajos del transporte aéreo, cuyo combustible (el queroseno), de manera incomprensible en un contexto de emergencia climática, aún está exento de tasas; la hipermovilidad enfermiza —como demostró la crisis de la covid-19— de un mundo que cada vez va más acelerado y globalizado; la terciarización galopante de las sociedades ricas y la asociación prácticamente automática del disfrute de las vacaciones con la consumación de un viaje —si es lejano o exótico, mejor—, entendido como un derecho, más o menos como una ganancia social...
No es extraño, pues, que el fenómeno turístico ponga en tensión cada vez más destinos en todo el mundo, y que estos intenten protegerse de las consecuencias sobre el espacio público, los bienes y los recursos que causa esta avalancha de visitantes. Se están desarrollando ideas e iniciativas para todos los gustos, si bien por ahora
el resultado es más bien discreto, a menudo irrelevante, pero de seguimiento obligado.
¿Es disuasoria la tasa turística?
La implantación de la tasa turística es una de las medidas más antiguas y extendidas en muchas destinos, aunque sigue provocando controversia por su alcance y por el uso que se hace de los recursos que origina —porque en muchos casos el dinero recaudado ha revertido en la misma promoción que pretendían paliar. Pero si bien la intención inicial de la tasa era compensar los efectos negativos de la actividad turística, últimamente algunas destinos han experimentado con la posible capacidad disuasoria del impuesto.
Bhután, uno de los países que más seriamente se toma la conservación de su territorio, gravemente amenazado por el cambio climático (los glaciares del Himalaya se están derritiendo), aplica desde hace tiempo una tasa de desarrollo sostenible a los turistas, que antes de la pandemia era de 65 dólares diarios y subió hasta los 200 dólares en septiembre de 2022. Vista la reducción de visitantes (poco más de 100.000 el año pasado), y atendiendo al objetivo de estabilizar su número alrededor de los 300.000, actualmente es de 100 dólares. Cabe decir que, fuera de este caso, ninguna otra destino ha conseguido regular el flujo turístico con esta herramienta. Y eso que Nueva Zelanda cobra unos 21 euros por dormir allí, Ámsterdam carga un 12,5% del precio del alojamiento y Venecia recauda 5 euros como tasa de acceso al centro histórico.
En 2035 habrá 2.000 millones de turistas internacionales
Más drástica es la prohibición de entrar al barrio de geishas de Gion (Kioto), o el cierre —que lleva ocho años— de la isla tailandesa de Koh Tachai, cuyos corales han sufrido una regresión alarmante producida por la masificación de sus playas. Otro de los aspectos en que el turismo genera más dolores de cabeza es el parque de viviendas. La mayor rentabilidad del alquiler turístico respecto del alquiler habitacional hace que se reduzcan las opciones disponibles para los residentes. A la ya conocida lucha de Nueva York contra Airbnb (con la aplicación de la última normativa aprobada, la ley Local 18, los anuncios de la plataforma para estancias de menos de 30 días han disminuido un 83% en la ciudad), se suman restricciones en muchos países europeos, hasta el punto de que en Portugal ya no se otorgan nuevas licencias de HUT. Finalmente, en el ámbito de la compraventa, Canadá ha prohibido —de momento, hasta 2027— que los extranjeros no residentes puedan comprar viviendas allí.
Y la relación de decretos y ordenanzas que intentan garantizar una buena convivencia entre locales y visitantes es inacabable: prohibiciones de andar en ropa interior por las ciudades; de arrastrar maletas con ruedas por las calles; de vender comida fuera de los horarios establecidos... Son capítulos de una lucha por proteger la identidad de los territorios rurales y los entornos urbanos amenazados por la homogeneidad turística.
Impulsem un nou model de turisme al servei del país, un turisme conscient que tingui un impacte global positiu sobre les destinacions.